Cuando se produce un divorcio, uno de los trámites imprescindibles que hay que seguir es la liquidación del régimen económico matrimonial. Esto es: repartir los bienes del matrimonio que pasan a ser propiedad individual de las personas que formaron parte de ese matrimonio, es decir, adjudicar los bienes.

Antes o después de contraer matrimonio, los cónyuges pueden firmar capitulaciones matrimoniales que no es más que el contrato que se puede hacer para fijar las normas que deben regir el aspecto económico de su matrimonio respetando las leyes que existen. Para su validez, deben hacerse en escritura pública.

El Derecho común establece que el régimen de gananciales se aplicará no sólo si se ha pactado en el contrato, sino también en el caso de contraer matrimonio sin otorgar capitulaciones. Con este sistema se hacen comunes las ganancias que obtengan ambos esposos, ya sea mediante una contraprestación o como fruto de su trabajo, con la excepción de los privativos, que pertenecen exclusivamente a cada uno de los cónyuges y son los que se poseen de soltero, las herencias o las donaciones.

El proceso de liquidación del régimen económico matrimonial hemos de tener en cuenta que únicamente se realiza en los matrimonios que se inscriben en régimen de gananciales y participación, ya que en el caso de los matrimonios en régimen de separación de bienes los mismos ya son propiedad individual de cada miembro de la pareja y, por tanto, no habrá que liquidar, aunque sí indicarlo y probarlo en el procedimiento correspondiente.

 

¿Cuál es el mejor momento para hacer la liquidación del régimen económico matrimonial?

Sin duda alguna, el mejor momento es cuando ambos cónyuges firman el divorcio, ya que en caso contrario habría que iniciar un nuevo procedimiento, con lo que ello conlleva, tanto  económica, como psicológicamente, en caso de que la pareja haya finalizado su relación de forma no amistosa. También es importante recalcar que no hay un plazo estimado para realizarla.

 

¿Qué ventaja tiene hacer la liquidación del régimen económico matrimonial?

Fiscalmente, es mucho más ventajoso ya que la adjudicación de los bienes por divorcio entre los cónyuges está exenta de los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e IRPF.

 

¿Qué fases tiene este procedimiento?

El proceso se aplica para la liquidación de cualquier régimen económico matrimonial, tanto si ha sido establecido por capitulaciones matrimoniales o por disposición legal, siempre que concurra en dicho régimen una situación que determine la existencia de una masa común de bienes y derechos sujeta a determinadas cargas y obligaciones, que es precisamente el patrimonio que hay que liquidar y dividir. Las fases del procedimiento son:

  • Admitida la demanda de nulidad, separación o divorcio, o iniciado el proceso en que se haya demandado la disolución del régimen económico matrimonial, cualquiera de los cónyuges podrá solicitar la formación de inventario, a la que deberá de acompañarse de una propuesta de inventario (de bienes y obligaciones, así como su justificación).
  • Presentada la solicitud, se señalará por el Juzgado día y hora para proceder, en un plazo máximo de diez días, a la formación de inventario, acordando citar a los cónyuges. En el día y hora señalados, procederá el Secretario Judicial, con los cónyuges comparecidos, a formar el inventario de bienes de la comunidad matrimonial.

Si alguno de los cónyuges no comparece en el día y hora señalados, estando ambos oportunamente citados y no justifica causa que le haya impedido comparecer, se le tendrá por conforme con la propuesta de inventario que efectúe el cónyuge que haya comparecido.

  • Formado el inventario de manera definitiva, se procede a la fase de liquidación, la cual debe también solicitarse, acompañando a la misma una propuesta de liquidación.
  • Admitida a trámite la solicitud de liquidación, el Juzgado señalará, dentro del plazo máximo de diez días, día y hora para que los cónyuges comparezcan en el Juzgado, ante el Secretario Judicial, al objeto de alcanzar un acuerdo y, en caso de no lograrlo, proceder a designar contador y, en su caso, los peritos necesarios para practicar las operaciones divisorias.

 

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